Una regresión social sin precedentes
Lo que distinguió a las políticas de seguridad social a lo largo de un período que va desde la posguerra hasta fines de los años 70 fue la universalización de la cobertura de la seguridad social. Fue el resultado no sólo de un crecimiento económico permanente, sino sobre todo de la institucionalización de relaciones de fuerzas sociales favorables a la clase trabajadora. Basados en la relación fundamental del trabajo, la inmensa mayoría de la población estaba de esa manera cubierta por beneficios que dejaron de ser asistenciales para volverse derechos sociales constitucionales. La sociedad forjada durante el Estado de Bienestar en los países centrales y, con todas las diferencias que se quiera, ciertos países de la periferia como el nuestro, no dejaron nunca de ser desiguales y sostener la acumulación capitalista a favor de los grandes propietarios, pero a cambio, cubrieron con un manto protector, un abanico amplísimo de derechos que antes habían estado dejados a las buenas del contrato individual obrero-patronal. No me refiero sólo a la cobertura universal por jubilación, desempleo o accidentes de trabajo sino también la salud y la educación, consideradas aún en el siglo XIX del ámbito de lo privado, o dejadas a la santa protección de la Iglesia. Lo demás era asistencia filantrópica. Desde el corazón de la fábrica y la mina hasta el ámbito nacional de la salud públicas, ese tipo de gestión social acorde con el Estado liberal decimonónico, fue modificándose muy lentamente y sólo gracias a la permanente, constante y perseverante lucha los explotados, sus organizaciones de base, sus sindicatos y partidos. Ese período fue barrido de un plumazo bajo el fuego cruzado de una incesante ofensiva del capital por reestablecer sus ganancias al fin de los años 70. No me voy a detener en las transformaciones y la dinámica posterior de la sociedad capitalista ni en las modificaciones estructurales que introdujo, cambios radicales que volvieron a imprimir caracteres individuales a la seguridad social. La nueva filosofía de época consideró a cada individuo responsable de sus propios actos y abandonó el cuidado de cada uno a las fuerzas ciegas del mercado, cotizando sus derechos de acuerdo al valor de su propia e individual fuerza de trabajo, que algunos definieron como la “sociedad del riesgo”. En nuestro país el menemismo y su continuidad el gobierno de De La Rua, expresaron de la manera más cabal esas tendencias sociales, políticas y culturales en las que la burguesía, embriagada por sus éxitos, pensó que podía barrer de un plumazo decenas de conquistas sociales y laborales. Su “ejemplo” era el Chile de Pinochet. El desempleo, la fragmentación laboral, la segmentación y polarización de ingresos del mercado de trabajo, la reestructuración del Estado con cientos de miles de despidos, la descentralización de la salud y la educación, la reestructuración productiva con la consecuente desindustrialización, la privatización de los servicios públicos y de YPF que vació pueblos enteros del interior, marcaron la tónica de las políticas económicas cuyas consecuencias para las generaciones futuras son aun hoy incalculables. Esta impactante reestructuración productiva dejó sin cobertura social, sin protección estatal, a una porción cada vez mayor de sectores que al perder el trabajo lo perdieron todo. Las movilizaciones masivas de los desocupados, el crecimiento ininterrumpido del movimiento piquetero desde por lo menos 1998 y el descontento generalizado obligaron al Estado a adoptar políticas sociales en la misma tónica en que el Banco Mundial venía insistiendo desde hace años: unas políticas sociales focalizadas a los sectores “excluidos”, “más vulnerables”, en definitiva, una “maya de contención” para evitar rebeliones populares y movimientos antisistémicos que contuvieran y paliaran las aristas más brutales de las políticas neoliberales a lo largo y ancho de América latina. Los Planes Trabajar son los más conocidos de una serie de beneficios sociales pensados bajo la lógica de la “malla de contención” del Banco Mundial que a su turno, por ser específicamente localizadas y entregadas por los municipios y las gobernaciones, multiplicaban el clientelismo político, la dependencia social del puntero y el control social Estatal de las “clases peligrosas” que ya había inaugurado tempranamente Chiche Duhalde con las famosas “manzaneras” en la época en que su esposo era gobernador.
Un subsidio a las clases superiores
Sólo con la rebelión popular del 2001 y la explosión social que le sucedió, Duhalde, ya como presidente, se decidió a aplicar un programa no universal pero sí de amplia cobertura, el Plan Jefes y Jefas de Hogar para evitar el incendio de la Argentina y canalizar institucionalmente la rebelión popular. Pero fue perdiendo fuerza cuando el crecimiento económico generó un nuevo clima social y político y la seguridad social volvió, como antes, a focalizarse. Que la seguridad social ha conservado el parámetro regresivo, segmentado y direccionado -y por lo tanto clientelista-, que ha prevalecido en el pasado lo demuestra con creces el discutido subsidio a la niñez. Existen hoy en día subsidios por hijo cuyos ingresos cobran los trabajadores en relación de dependencia, es decir sólo el 40% de la fuerza laboral, en una escala, recién actualizada, que va de 60 a 135 pesos por hijo de acuerdo a la escala de ingresos. Esto deja afuera a los desocupados, los precarizados, trabajadores en negro, pequeños monotributistas y los trabajadores por cuenta propia, un universo que constituye la mayoría de la población económicamente activa. Ellos tampoco reciben los beneficios del subsidio por escolaridad. El aumento de las asignaciones que acaba de anunciar la presidenta para el Plan Familias, el Plan Alimentario Nacional, las Becas de Estudio y otros programas de menor envergadura, no hacen más que reforzar el carácter excluyente, particularizado y sectorial de la seguridad social, un tipo de cobertura, de montos menores, acorde a las recomendaciones ya mencionada de los organismos de crédito internacional. De esta manera, las familias más pobres que estadísticamente tienen una familia más numerosa (2,1 en la franja del 20% más pobre, contra el 0,4 del 20 % de mayores ingresos) y que son las poblaciones más necesitadas de recibir la ayuda social, son al mismo tiempo las que en mayor proporción se encuentran fuera del mercado laboral formal y en consecuencia de las asignaciones por hijo que paga la Anses. Pero lo más curioso es que lo único que es universal en la cobertura del subsidio por hijo es el ingreso de los sectores medios altos y altos, gracias a las deducciones de la base imponible del Impuesto a las Ganancias. La devolución del impuesto genera ingresos adicionales por cada hijo a las clases altas mucho mayores que a los sectores más pobres. Vale decir que el Estado ofrece subsidios por hijo hasta los 18 años de manera generalizada, amplia y generosa a todos los integrantes de las clases altas por el sólo hecho de devengar impuestos, mientras ofrece planes mezquinos y sectoriales a los más necesitados y, como en el caso de Scioli, solo a los menores de 6 años. Según el Informe reciente de Ernesto Kritz de SEL Consultores, en el 30% más pobre de la población, el ingreso por hijo es de poco más de 60 pesos, mientras que en el 20% más rico es más de 270 pesos. Dicho de otra manera, un tanto más escandalosa, las familias de clase media alta y alta, pueden deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias, 5000 pesos anuales por menor a cargo. Según la investigación de Kritz, más del 95% del monto de transferencias del total de los 15 mil millones de pesos que engloba a todos los programas, beneficia a los estratos altos y a los asalariados formales, mientras que un magro 5% va a los sectores que se encuentran por fuera del mercado laboral formal, donde se concentra el grueso de la población por debajo de la línea de pobreza. Con este sistema impositivo regresivo la redistribución del ingreso viene operándose en sentido contrario: se le saca a los pobres para darle a los ricos.
Los índices sociales en declive
Cuando la economía crecía a un 8 o 9% el desempleo y la pobreza disminuyeron, pero de una manera mucho más modesta que las tasas de expansión. Hoy, después de 5 años de crecimiento estamos apenas como en el año 2000 y ahora con el comienzo del ciclo de caída producto de la crisis mundial, vamos a ver un aumento de la pobreza y la indigencia. Ya lo estamos viendo. Es esta realidad la que el INDEC quiso de manera grosera tapar, una realidad que viene mostrando tendencias que se revierten desde fines del 2007. Así, sólo una política activa, que modifique radicalmente el sistema impositivo, rediscuta las rentas y afecte los intereses de los bancos y grandes empresas que han obtenido rentabilidades enormes en estos años, puede permitir una redistribución de la riqueza que por lo menos se aproxime a los ingresos que la clase trabajadora obtenía del total del PBI a fines del año 74. En relación al ingreso por hijo se requiere una política que sea de aplicación universal. En primer lugar eliminando las devoluciones al impuesto a las ganancias. Luego, duplicando por la emergencia económica, los montos con otros por lo menos 15 mil millones más, que podría asegurar aproximadamente 250 pesos por hijo a todas las familias. Esto permitiría aumentar de manera inmediata el ingreso de las familias pobres pero también elevar las actuales asignaciones por hijo que perciben los trabajadores formales, afectando sólo a los estratos superiores. Obviamente se necesita recaudar fondos adicionales, que puede lograrse modificando el sistema impositivo: tasando fuertemente la renta financiera, aumentando la punción en el Impuesto a las Ganancias, hoy realmente bajo en comparación a otros países como Francia y aplicando nuevos impuestos a las riquezas, bienes de lujo y otros. Existen otros proyectos de ley loables que apuntan al subsidio por hijo al desocupado. Yo creo que lo mejor es universalizar el beneficio, de la misma manera que lo es la educación pública, la universidad gratuita y otros derechos generales que, a pesar de su degradación, aún se mantienen. Implica colocar de nuevo en la conciencia popular el carácter universal de la protección social, es decir, considerar dicha cobertura como un derecho social, un derecho ciudadano y no un parche de emergencia para impedir levantamientos del hambre. Implica volver a plantear la exigencia de que cada vez más esferas de la vida sean sustraídas a la lógica del beneficio para ponerlas en el haber de las necesidades sociales resguardadas de una lógica mercantil destructiva. Esferas cada vez más abarcativas, como la medicina de alta complejidad, el transporte público, la vivienda, la seguridad contra los riesgos de trabajo hoy bajo la órbita de las ART, el esparcimiento y el tiempo libre, el acceso a la cultura en todas sus facetas, entre otras. De esa manera el Ingreso Universal por hijo debe funcionar como un elemento más del salario indirecto social, y sería un complemento al reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles y en consecuencia de la disminución del tiempo de trabajo. Es verdad que también serían beneficiados los hijos de las clases acomodadas, igual que la gratuidad de la universidad a la que acuden. En este punto habría que recordar la campaña feroz que Neustadt y Grondona en los años 90 emprendieron para arancelar la universidad con el mismo argumento. Pero dicho beneficio sería sólo un asiento contable, pues un sistema impositivo progresivo restituiría por la vía de impuestos directos ese dinero a los fondos sociales comunes. El Ingreso Universal por Hijo es sólo una de una serie de medidas que es necesario tomar para asegurar una distribución progresiva del ingreso. Se necesita por otro lado, que sea actualizado automáticamente de acuerdo con la inflación (la real no la ficticia), mediante mecanismos de indexación directa. Si los despidos crecieran cada día, no hay subsidio que aguante. La prohibición de despidos, un plan de obra pública y vivienda que genere empleo en blanco, la nacionalización de los servicios públicos y de las ramas estratégicas como el petróleo y los bancos, son soportes fundamentales de una política redistributiva y de la ampliación de la seguridad social a toda la población. Sin embargo ninguna de estas medidas fundamentales que deben ser discutidas y colocadas hoy en la agenda de la izquierda, puede ocultar el inmenso paso adelante que implicaría en el terreno social, político e ideológico la universalización del ingreso por hijo, pues colocaría un suelo distinto al debate sobre políticas públicas y ayudaría a superar las políticas neoliberales de seguridad social que prevalecieron en las últimas décadas. Esta medida hoy tiene el beneficio del apoyo popular. La cobertura de la niñez contribuye a recoger apoyos masivos que hoy por hoy no tienen otras medidas universalistas. Nada ha conmovido más la conciencia popular que las imágenes de chicos desnutridos que el desolado panorama del noreste y el noroeste argentinos, pero también del Gran Buenos Aires, ha ofrecido a millones de televidentes durante todos estos años. Además, hoy, oficialistas y opositores hablan demagógicamente del subsidio ante la amenaza de la crisis, lo cual es un tributo que el vicio le rinde a la virtud. Scioli, por ejemplo, hace como que aplica algo que se le parece y sonríe para las cámaras mientras aumenta el presupuesto de seguridad y propone reducir las penas criminalizando la minoridad. La respuesta que hasta ahora ha dado Cristina Fernández a la crisis ha sido un salvataje al modelo neodesarrollista en declive: subsidiar a la burguesía industrial, favorecer los jugosas ganancias de los bancos privados canalizando por allí los prestamos al consumo, y priorizando la reactivación de la demanda de las clases medias altas como el plan automotriz, mientras que el consumo popular se rezaga y la pobreza crece. En conclusión, el subsidio universal, verdaderamente universal, y de 250 pesos por hijo, junto a la defensa del empleo y el aumento de salarios, puede transformarse en una bandera popular y ser el punto de encuentro de una amplia movilización social y política para que sean los capitalistas y no los trabajadores y los sectores populares los que se hagan cargo de la crisis. Ya lo vimos con la masiva movilización que reunió a más de 50 mil manifestantes de diciembre del 2008 convocada por la CTA en la que confluyeron una cantidad importante de movimientos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Es imprescindible fortalecer ese tipo de iniciativas mediante el más amplio frente único de las organizaciones obreras, de desocupados, barriales y estudiantiles, para romper el corsé presupuestario de Scioli en la provincia de Buenos Aires y avanzar hacia un verdadero y genuino plan universal por hijo, junto a las demás reivindicaciones obreras y populares.
