PARA EMPEZAR A HABLAR...

Introducción:
En las últimas elecciones televisivas (tal vez el autor de esta nota quiso decir legislativas), no hubo político sin dedicarle un párrafo a la Asignación Universal por Hijo: algunos, como parte de sus propuestas; otros, para defenestrarla por su carácter asistencial o “parasitario”, según sus conceptos. Más allá de la proclividad a las promesas que sufren los políticos durante las campañas, esta propuesta -que tiene una vida mayor que la recta final del 28 de junio pasado-, ha presentado innumerables adeptos.
El hecho de que la asignación universal a la niñez pueda ser defendida -o presuntamente defendida- por actores políticos de ideologías bien diferentes, y que la necesidad y urgencia la llevarán muy pronto al debate público, nos impulsan a este aporte para la discusión, con algunos posicionamientos que nos parecen fundamentales para que esta herramienta sirva a fines progresistas.
Adelantándonos al desarrollo de la nota, sostenemos que la asignación universal a la niñez debe ser entendida como parte de la seguridad social, y a la seguridad social, como un derecho. Asimismo, esta transferencia monetaria, debe ser implementada en un plan mayor de distribución de la riqueza.

¿Por qué la necesidad de una Asignación Universal a la Niñez y Adolescencia?
Cada vez se hace más generalizado el uso de una terminología que describe una tristísima situación argentina: la infantilización de la pobreza. Su sonido, de por sí alarmante, resume lo que los indicadores sociales denuncian cuando se toma a la pobreza en el segmento comprendido entre los 0 y 18 años.
Conforme los datos oficiales disponibles, en Argentina hay 13.000.000 de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, de los cuales el 56,4 % son pobres (7.730.708) y el 23,6% son indigentes (3.234.835).
Más allá de las cifras, lo triste e inaceptable es que en nuestro país hay una inmensa cantidad de niños, niñas y adolescentes que no tienen garantizadas las condiciones mínimas y necesarias para su desarrollo integral. No hablamos del llamado “confort”, sino de los derechos básicos como a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vestimenta, a la vivienda, a la recreación y el aprendizaje.
Frente a esta realidad crudísima, todas las Convenciones Internacionales, la Constitución Nacional y las leyes nacionales y provinciales que han pretendido brindar una protección a la niñez y adolescencia, parecen letra muerta.

La asignación universal a la niñez y adolescencia es una trasferencia monetaria que debiera efectuar el Estado, para que todos los menores de 18 años cuenten con un piso básico de cobertura a las necesidades mínimas. Claramente no es el fin ni la solución a todos los problemas, pero es una medida efectiva fundada en razones de justicia y equidad.

Debe ser parte de la seguridad social y de un plan distributivo de la riqueza
Dentro de las reglas y de los márgenes de un estado capitalista, existe una histórica puja respecto del alcance de la responsabilidad del Estado con relación al bienestar social y económico de los individuos.
La determinación de una zona de derechos básicos a garantizar jamás tuvo un límite preciso ni mucho menos estuvo ligado a una racional y fraterna consideración de los hombres y mujeres como merecedores del vivir dignamente. Por el contrario, se ha ido delimitando conforme a la relación de fuerzas existente en cada momento histórico, a la lucha de los trabajadores y el capital, por la apropiación de la renta.
Durante la etapa del Estado de Bienestar que primó en la segunda mitad de siglo XX, la cobertura del trabajador ya no quedó sometida a los límites y eventualidades de la contratación individual, sino que se vio reforzada universalmente en la jubilación, en la asistencia para las situaciones de desempleo y de accidentes de trabajo, del mismo modo que el Estado fue incorporando su participación en actividades anteriormente reservadas a la esfera privada como la salud y la educación. La sociedad, con la mediación del Estado, contribuía a generar un piso de bienestar en todos sus integrantes.
Cuando los 24 de marzo de cada año repudiamos el golpe de Estado de 1976, además del genocidio, denunciamos las consecuencias económicas que tuvo la dictadura militar y que vino a representar la mano ensangrentada de la recomposición del capital en sus ganancias. Era preciso, no sólo la adopción de medidas estructurales en materia económica, sino fundamentalmente la “reforma del Estado” -eufemismo sarcástico que ocultó la reducción del patrimonio nacional y el desmantelamiento del aparato estatal.
Los gobiernos democráticos -fundamentalmente con el menemismo y la continuidad de De La Rua-, fueron los encargados de implementar estas políticas y de construir “consenso” junto a los medios de comunicación, para este nuevo modelo cultural, política y económica, llamada neoliberalismo, que postuló y postula a cada cual librado a su suerte, a su precio en el mercado de trabajo.
El neoliberalismo implicó necesariamente un terrible retroceso en el concepto y los alcances de la seguridad social. La historia es conocida: privatizaciones, cambio en el sistema productivo, desindustrialización, finalmente: desocupación. El desocupado no cuenta con ingresos con los que concurrir a los mercados que de a poco acaparan más amplias esferas en materia de salud y educación, y a su vez, tampoco cuenta con la protección del Estado, pues en su versión neoliberal, el Estado no se plantea, ni se considera en la obligación de ir en su socorro. De este tipo de inseguridad, de la inseguridad de las mayorías en cubrir las necesidades básicas, lógicamente no se ocupan los medios de comunicación masivos y algunos políticos en campaña.
Creemos que en el debate sobre la Asignación Universal a la Niñez y Adolescencia, debemos actualizar aquellas consideraciones de las sociedades de la última parte de Siglo XX que plantearon al Estado, sino como garante, al menos como participante activo en la procura de un mínimo de bienestar en su individuos. La seguridad social es un derecho, dentro del amplio concepto de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), que necesariamente son universales y permanentes, y que no puede ser vista como una dádiva o un mero auxilio en situación de emergencia.

El tema: la financiación.
Hace apenas un mes, cuando el jefe de la bancada oficialista en diputados, Agustín Rossi pidió a las comisiones unificar los proyectos que había dando vueltas sobre este tema, la presidenta Cristina Fernández se permitió la pregunta, y le pasó la pelota al Congreso: ¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?
Sucede que este acuerdo general que los distintos actores políticos presentan a la Asignación Universal a la niñez y a la adolescencia, toma un rumbo muy diferente cuando corresponde decidirse sobre su financiación. La posición que se tome, tiene la virtualidad de mostrarnos el sustrato ideológico de cada quien y la autenticidad del discurso de aquellos que dicen incluir este debate en el eje de la “distribución de la riqueza”.
Curiosamente, al consultar algunos proyectos que hace poco más de un año proponían la asignación universal por hijo (entre ellos el ARI, la CTA), al momento de tratar este item, incluían como única o principal fuente de los fondos, a las retenciones a las exportaciones. Decimos “curioso”, porque para algunas de esas de estas fuerzas políticas, aquello que les sonaba formidable en sus proyectos, no les pareció tan loable al momento de emitir en el congreso su voto respecto de la resolución 125 (aun post-reforma de la Cámara de Diputados) y votaron en contra.
En definitiva, no vemos ningún progreso en decir que sí a la consagración de un derecho como la Asignación Universal de este tipo, si no concurre a solventarlo aquel sector del país que se encuentra en mejores condiciones económicas de hacerlo, es decir, los que más tienen, y en especial, los que en determinado momento están siendo los más beneficiados, ya sea por el sistema de producción interno, ya sea por circunstancias extraordinarias conforme a demandas internacionales.
Creemos que no es necesario encerrarse en una única fuente de financiamiento, sino que parece lo mejor y será cuestión de, como suele decirse, afinar un poco el lápiz, pensar en un múltiple aporte que pueden obtenerse de distintos orígenes y sin necesidad de esperar a grandes reformas. A las ya mencionadas retenciones a las exportaciones, debieran añadirse la eliminación de exenciones a la renta financiera y modificaciones en las alícuotas del impuesto a las ganancias para las escalas más altas, reformular el esquema de retenciones a la minería y redireccionar algunos recursos del presupuesto para incrementar el monto que actualmente se destina para programas sociales. Si bien no es una especificidad de esta nota, y en vista del grito en el cielo que suele escucharse cuando se sugieren reasignaciones de los fondos del estado, sería oportuno retomar con insistencia la denuncia de ilegitimidad de la deuda externa, cuyo pago se lleva un gran proporción del presupuesto nacional.
Hoy se están manejando cifras que dan cuenta de la necesidad de un incremento de siete mil millones de pesos, a los diez mil millones que se destinan a planes de desarrollo social. Hoy se suele hablar de “gasto” y ya en la semántica trasluce un sentido equivocado.
Hay una frase referida a este tema y que nos parece orientadora para empezar a hablar: “no tiene por qué ser sencillo ni barato”. Es una frase simple que por un lado reclama que se pongan todos los esfuerzos operativos que sean necesarios para la aplicación de este plan y que por otro, sostiene, desde un claro convencimiento, las consideraciones de justicia, de equidad, en que se funda: el derecho de todos los niños y niñas que habitan nuestro país a que sean satisfechas sus necesidades mínimas. Las excusas puestas en desequilibrios presupuestarios no resultan atinadas cuando salta a la vista que en nuestro país hay un sector la sociedad que continúa aumentando sus riquezas, y que poco, o nada, se ha hecho por la distribución.
Para los próximos meses, tenemos un gran desafío como sociedad: en primer lugar, para que estas propuestas que se están barajando en el Congreso, no queden en los archivos de las meras intenciones, y en segundo lugar, para cuando llegue el momento en que deban ser debatidas y decididas, exijamos que se impriman de un carácter progresivo, que sean los que más tienen quienes financien el grueso de esta Asignación, y que de a poco vayamos recuperando los principios solidarios, las razones de justicia e igualdad.
Otros puntos de debate...
En contra del carácter “universal” de esta asignación, se suele decir que encerraría el contrasentido de aplicarla también para los niños y niñas de las clases acomodadas. En realidad, este efecto presuntamente distorsivo, quedaría minimizado si se establece claramente que sean aquellos sectores, es decir, los que más tienen, quienes concurran a su financiación. De otro modo, es cierto, implicaría una contradicción inadmisible. Sin embargo, cuando se habla de “universalidad”, se hace alusión a que, necesariamente, esta asignación alcance a todos aquellos que no reciben ningún beneficio de este tipo.
Sobre este punto no podemos dejar de remarcar que actualmente nuestro sistema impositivo otorga un beneficio económico a las familias de mayores ingresos, justamente, por la deducción de un cierto monto en el impuesto a las ganancias por cada hijo que tienen. Hemos llegado al absurdo de que el Estado Argentino subsidie en millones de pesos a los hogares más ricos y todavía existe quienes duda de la justicia de este reclamo.
Por otra parte, y a favor de la “universalidad” se ha dicho que evita el clientelismo político, pues no permite la discrecionalidad en su otorgamiento, ni precisa de mediadores, aunque, evidentemente, estas cuestiones tampoco son determinables a priori, sino que precisan un acuerdo sobre las pautas de implementación.
Otras de las cuestiones que resultan al menos discutibles son las exigencias que pesan sobre las madres, los padres o los responsables de los niños. Si bien, y a diferencia de los llamados “planes trabajar”, no se plantea la necesidad de una contraprestación al ingreso, lo cierto es que muchos de los proyectos contemplan obligaciones respecto de los mayores, y que se refieren al mantenimiento en escolaridad de sus hijos, y a controles sanitarios periódicos de los mismos.
La principal crítica a la inclusión de estas obligaciones es la que considera que importaría hacer caer nuevas “cargas” sobre los sectores sociales ya de por sí castigados y sobre quienes pesa una mayor dificultad debido al precario acceso a medios de transporte, centros educativos y hospitalarios, que por otra parte, no se encuentran en condiciones de recibir este incremento en la demanda.
Quienes se muestran a favor de estas obligaciones a cargo de los responsables de los niños y niñas, en primer lugar, entiende que puede ser una buena medida a favor de los niveles de escolaridad, como así también en la detección temprana de afecciones a la salud. Por otra parte, genera un mayor compromiso familiar con este derecho de la seguridad social y puede poner a la luz las carencias y deficiencias del sistema de salud y de establecimientos educativos.

Aun dentro de su misma lógica...
En el discurso imperante se suele hablar de “igualdad ante la ley”, y acto seguido se empalma con otros conceptos tales como la “premiación del esfuerzo individual”, la “calificación personal en un mundo competitivo”, “a cada cual conforme sus méritos” y cada vez más chiquito, cada vez más desahuciado y con menos énfasis, aparece la idea que proclama la “igualdad de oportunidades”.
Pues bien, aun dentro de esta cuadrícula que enmarca a una sociedad en la que todos los días se exige estar mejor preparados de cara un futuro competitivo, y que nos señala el camino hacia un mercado que pagará por nuestra fuerza de trabajo un mayor precio cuanto mayor sean nuestras “cualidades”. Decimos, aun dentro de los límites de estas pautas económicas, sociales y culturales que son por demás discutibles, resulta inadmisible que más de la mitad de los niños argentinos se encuentren en una clara desventaja ya desde el inicio de “esta carrera”, por el simple hecho de haber nacido (y esperemos que nadie pretenda “atribuirlo a sus méritos”) en hogares de deficiente alimentación, donde el acceso a la educación es una cuesta empinada muchas veces interrumpida por la necesidad de salir a trabajar, y donde su atención en la salud no puede llevarse a cabo porque el dinero del día no alcanza siquiera para el transporte hasta los centros sanitarios.
Estas contradicciones, no por meras contradicciones son preocupantes, sino por el hecho de ser un retrato evidente de la falta de reflexión y de ausencia de profundos debates de todos nosotros al momento de oír aquellos fundamentos del sistema imperante, y al cual se suele, sin más, darle la “razón”.

¿Qué puedo hacer por la campaña?
Desde Surcos y junto a Praxis y la Corriente del Pueblo, pusimos en marcha una Campaña por la Asignación Universal a la Niñez y Adolescencia. Esta campaña procura dar a conocer e impulsar el debate público sobre esta medida distributiva del ingreso. Para ello llevamos adelante intervenciones urbanas colectivas de distinto tipo: volanteadas, pintadas callejeras (con grafitis y esténcil), y en particular, pusimos en marcha la modalidad de “mural rápido” como los que se estamparon, hasta el momento, en calle 65 entre 7 y 8, 62 entre 9 y 10 y en Camino General Belgrano y 483). Tenemos programado para el próximo 4 de octubre, llevar adelante una jornada de realización de 6 murales en un día. Si te querés sumar, ya sea para blandir la brocha, cebar mate o simplemente conocernos, ingresá a ningunmuro.blogspot.com o contactanos en el facebook de Agrupación Surcos).